• LA AGRICULTURA ESPAÑOLA PIERDE COMPETITIVIDAD FRENTE A EUROPA A CAUSA DE LA BUROCRACIA

Miércoles, 27 Octubre, 2010
Temática: 
General

Los nuevos fitosanitarios en España tardan hasta cuatro años más que en la UE para salir al mercado

LA AGRICULTURA ESPAÑOLA PIERDE COMPETITIVIDAD FRENTE A EUROPA A CAUSA DE LA BUROCRACIA

  • Un informe elaborado por IQS concluye que el agricultor español sufre un agravio comparativo frente a sus competidores europeos que disponen de nuevos productos más modernos con mucha anterioridad. El retraso en la disponibilidad de los productos fitosanitarios más avanzados supone pérdidas millonarias para el sector.

Barcelona, 27 de octubre de 2010.- Para que un producto fitosanitario pueda ser comercializado, debe pasar primero por un proceso de registro. La duración de este proceso en España es de 60 meses de promedio, muy diferente de lo que tardan en el resto de la UE que va de los 12 a los 36 meses según el país. A consecuencia de este retraso, los agricultores españoles se encuentran en desventaja frente a los europeos que, con productos fitosanitarios de última generación, consiguen un mayor rendimiento para sus cultivos y un menor impacto para el medioambiente.

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el informe elaborado por investigadores de IQS titulado El registro de productos fitosanitarios en España y su impacto económico en el sector hortofrutícola, que se ha presentado en la trigésimo segunda edición de las Jornadas de Productos Fitosanitarios que se clausuran hoy en Barcelona [ info].

Según el estudio, cultivos en los que España es líder europeo pueden verse sin soluciones a causa de este retraso. Además, los competidores de España en producciones mediterráneas son, en su mayoría, extracomunitarios y, por lo tanto, no sometidos a las restricciones en el uso de formulados fitosanitarios no autorizados todavía en el mercado español.

La causa de la larga duración del proceso de registro de los fitosanitarios en España se debe, según afirma el estudio de IQS, a la excesiva burocracia y dispersión que generan los diferentes agentes que rigen todo el proceso de tramitación de un expediente. Según información del sector fitofarmacéutico, el periodo medio en España ha ido creciendo a partir del 2000, ya que años anteriores era posible disponer del registro para la comercialización del producto en unos 36 meses.

Por poner un ejemplo del coste de carecer del fitosanitario adecuado, en el caso de la plaga de la tuta absoluta, un escenario con una afectación del 20% de las hectáreas cultivadas y un rendimiento en las hectáreas afectadas un 30% menor tendría un impacto de 97,98 millones de €. Mientras que para una afectación del 60% de las hectáreas que impliquen una disminución del 70% del rendimiento, tendría un impacto de 914,49 millones de €.

Para la plaga de la Cacopsylla pyri, se da la circunstancia de que los fitosanitarios aptos para combatirla en la pera estaban autorizados, en España, para las manzanas. El registro de este producto ha durado más de 4 años.

Según sugiere el estudio de IQS, la solución pasaría por imitar los modelos francés e inglés que podría implementar España para mejorar su proceso de registro. Francia partía de demoras similares a las españolas, para pasar en dos años de 60 meses a los 12 meses previstos en la reglamentación europea para el registro de nuevos productos fitosanitarios.

Un organismo público independiente de registro de productos fitosanitarios, similar al DIVE francés de la AFFSA, con parecido número de empleados y volumen de trabajo, tendría un presupuesto estimado de funcionamiento de 10 millones de €, valor muy inferior a la pérdida del 1% de la producción agrícola española.

La inversión en I D realizada por las principales empresas europeas del sector fitosanitario en 2006 ascendió a 1.579 millones de dólares, representando el 9,3% de las ventas. Los principales esfuerzos realizados en investigación se han dirigido a conseguir productos fitosanitarios con mejores perfiles ecotoxicológicos, más respetuosos y compatibles con la salud humana, la seguridad del agricultor, la protección del medio ambiente y la agricultura integrada.